Este martes sesionará la comisión de Legislación General y trabajará en torno a la iniciativa que propone regular la oferta de empleo en los medios. Fija un protocolo para evitar que se utilice para captar mujeres para redes de trata.
El proyecto, presentado por el diputado Diego Lara, apunta a otorgar mayor seguridad a las mujeres que buscan empleo y pueden ser engañadas por las redes de trata a través de la publicación engañosa de supuestos puestos de trabajo. La iniciativa dispone que los medios de comunicación deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso. Establece la regulación de “los avisos destinados a la contratación de personas para servicios laborales”
Para prevenir posibles engaños, la iniciativa dispone que “los avisos que se publiquen y que estén destinados a la contratación de personas para servicios laborales deberán contener el nombre del solicitante (o razón social si se tratare de una persona jurídica) e información de contacto (teléfono, correo electrónico).
A su vez, señala que las empresas y/o particulares titulares de medios de comunicación deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso. Se les deberá solicitar: Razón social, empresarial o denominación de la sociedad de hecho; fotocopia del DNI del titular que hiciere la publicación; domicilio real del lugar de prestación laboral; y fotocopia de factura de un servicio a nombre de quien hiciese la publicación”.
“Todas las fotocopias antes mencionadas, deberán contar con la certificación de validez correspondiente”, se establece luego, y se indica que tal documentación “deberá ser conservados por un período mínimo de dos años”.
En la fundamentación del proyecto se manifiesta que diariamente se publican anuncios que solicitan personas para empleos fuera y dentro de la provincia y que esas publicaciones no cuentan, en la mayoría de los casos, con los datos de las empresas o futuros empleadores sino que en su mayoría remiten a correos electrónicos con nombres inidentificables o a los mismos medios que reciben las solicitudes de empleo a través de correspondencia derivada.
“En los últimos tiempos, esa modalidad ha sido el punto de partida para que muchas personas, en su mayoría jóvenes mujeres, sean engañadas por falsos empleadores, con destinos que van desde la desaparición para ser objeto de trata hasta la muerte”, expresa el diputado Lara.“Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados”, añade luego.
“No obstante que existen personas y empresas decentes que utilizan estos medios para obtener empleados, lo cierto es que en estos casos, como en otros, la prevención es fundamental para lograr reunir un mínimo de condiciones de seguridad para quien concurre a una entrevista laboral a partir de un anuncio”, señaló Lara según informa APF.
“En esta tarea -agregó- la función de los titulares de medios de prensa es primordial ya que son ellos los que resguardarían los datos de quienes solicitan la publicación durante el periodo de dos años a fin de asegurar que los mismos se encuentren disponibles al ser solicitados por la Justicia o los posibles damnificados, considera.
La opinión de Red Alerta
Consultada sobre la presentación del proyecto, la referente de Red Alerta Silvina Calveyra afirmó que “ya hay normativa nacional con respecto a este tema, ya que hubo un decreto del Ejecutivo que prohibía cierta publicidad o publicaciones que incentivaran la explotación sexual y comercial de las mujeres. Además Red Alerta ha hecho varias denuncias contra medios locales en ese sentido y también con respecto al trabajo infantil”.
Según recordó, también la ley Nacional de Medios “habla de la prohibición de publicaciones de todo tipo que hablen además de violencia de género o de violencia simbólica. También denunciamos a un medio local que publicitaba chicas con los cuerpos pintados y totalmente desnudas, usándolas como objetos o cosificando el significado de la mujer en sí”.
“Normativa a nivel nacional hay bastante, porque existe la ley 26485 de Violencia de Género, que habla de cierto lenguaje y terminología en cuanto a la violencia simbólica. Sería bueno que toda esta batería de leyes se pudieran poner en práctica, porque son herramientas útiles. En nuestra provincia, todas las denuncias que hemos realizado no han tenido respuestas" sostuvo la dirigente de CTA.
Incluso las que presentamos ante el Procurador General (Amilcar García) no tuvieron tampoco respuestas por escrito, como corresponde, sino que sólo acotaban mediante alguna comunicación telefónica que no se podía aplicar porque no es una normativa nacional esta resolución, cuando la misma Carmen Argibay (jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) dice lo contrario”, argumentó Calveyra.
En este sentido, el proyecto provincial, según la referente, “es un granito más, un aporte más a toda la batería de herramientas que hay a nivel nacional, que estaría bueno que se apliquen”
Otros proyectos
La Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados también tratará otros proyectos.
Uno de ellos tiene que ver con la donación de inmuebles de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera con destino a construcción Escuela de Educación Técnica. También la donación de un inmueble de la Municipalidad de Larroque con destino a construcción edificio Escuela Técnica Nº4.
Otra de las iniciativas que abordará dispone la creación de Juzgado de Familia y Civil de Niños y Adolescentes con competencia territorial en los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Este último tema se tratará en forma conjunta con los legisladores que integran la Comisión de Hacienda.
El proyecto, presentado por el diputado Diego Lara, apunta a otorgar mayor seguridad a las mujeres que buscan empleo y pueden ser engañadas por las redes de trata a través de la publicación engañosa de supuestos puestos de trabajo. La iniciativa dispone que los medios de comunicación deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso. Establece la regulación de “los avisos destinados a la contratación de personas para servicios laborales”
Para prevenir posibles engaños, la iniciativa dispone que “los avisos que se publiquen y que estén destinados a la contratación de personas para servicios laborales deberán contener el nombre del solicitante (o razón social si se tratare de una persona jurídica) e información de contacto (teléfono, correo electrónico).
A su vez, señala que las empresas y/o particulares titulares de medios de comunicación deberán solicitar una serie de requisitos a quienes quieran publicar un aviso. Se les deberá solicitar: Razón social, empresarial o denominación de la sociedad de hecho; fotocopia del DNI del titular que hiciere la publicación; domicilio real del lugar de prestación laboral; y fotocopia de factura de un servicio a nombre de quien hiciese la publicación”.
“Todas las fotocopias antes mencionadas, deberán contar con la certificación de validez correspondiente”, se establece luego, y se indica que tal documentación “deberá ser conservados por un período mínimo de dos años”.
En la fundamentación del proyecto se manifiesta que diariamente se publican anuncios que solicitan personas para empleos fuera y dentro de la provincia y que esas publicaciones no cuentan, en la mayoría de los casos, con los datos de las empresas o futuros empleadores sino que en su mayoría remiten a correos electrónicos con nombres inidentificables o a los mismos medios que reciben las solicitudes de empleo a través de correspondencia derivada.
“En los últimos tiempos, esa modalidad ha sido el punto de partida para que muchas personas, en su mayoría jóvenes mujeres, sean engañadas por falsos empleadores, con destinos que van desde la desaparición para ser objeto de trata hasta la muerte”, expresa el diputado Lara.“Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados”, añade luego.
“No obstante que existen personas y empresas decentes que utilizan estos medios para obtener empleados, lo cierto es que en estos casos, como en otros, la prevención es fundamental para lograr reunir un mínimo de condiciones de seguridad para quien concurre a una entrevista laboral a partir de un anuncio”, señaló Lara según informa APF.
“En esta tarea -agregó- la función de los titulares de medios de prensa es primordial ya que son ellos los que resguardarían los datos de quienes solicitan la publicación durante el periodo de dos años a fin de asegurar que los mismos se encuentren disponibles al ser solicitados por la Justicia o los posibles damnificados, considera.
La opinión de Red Alerta
Consultada sobre la presentación del proyecto, la referente de Red Alerta Silvina Calveyra afirmó que “ya hay normativa nacional con respecto a este tema, ya que hubo un decreto del Ejecutivo que prohibía cierta publicidad o publicaciones que incentivaran la explotación sexual y comercial de las mujeres. Además Red Alerta ha hecho varias denuncias contra medios locales en ese sentido y también con respecto al trabajo infantil”.
Según recordó, también la ley Nacional de Medios “habla de la prohibición de publicaciones de todo tipo que hablen además de violencia de género o de violencia simbólica. También denunciamos a un medio local que publicitaba chicas con los cuerpos pintados y totalmente desnudas, usándolas como objetos o cosificando el significado de la mujer en sí”.
“Normativa a nivel nacional hay bastante, porque existe la ley 26485 de Violencia de Género, que habla de cierto lenguaje y terminología en cuanto a la violencia simbólica. Sería bueno que toda esta batería de leyes se pudieran poner en práctica, porque son herramientas útiles. En nuestra provincia, todas las denuncias que hemos realizado no han tenido respuestas" sostuvo la dirigente de CTA.
Incluso las que presentamos ante el Procurador General (Amilcar García) no tuvieron tampoco respuestas por escrito, como corresponde, sino que sólo acotaban mediante alguna comunicación telefónica que no se podía aplicar porque no es una normativa nacional esta resolución, cuando la misma Carmen Argibay (jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) dice lo contrario”, argumentó Calveyra.
En este sentido, el proyecto provincial, según la referente, “es un granito más, un aporte más a toda la batería de herramientas que hay a nivel nacional, que estaría bueno que se apliquen”
Otros proyectos
La Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados también tratará otros proyectos.
Uno de ellos tiene que ver con la donación de inmuebles de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera con destino a construcción Escuela de Educación Técnica. También la donación de un inmueble de la Municipalidad de Larroque con destino a construcción edificio Escuela Técnica Nº4.
Otra de las iniciativas que abordará dispone la creación de Juzgado de Familia y Civil de Niños y Adolescentes con competencia territorial en los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Este último tema se tratará en forma conjunta con los legisladores que integran la Comisión de Hacienda.